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COMUNICADO DE PRENSA
Corte Suprema de Justicia ordena a Fiscalía General investigar la desaparición forzada de Sofía García Cruz
La Asociación Pro-Búsqueda anuncia ante el pueblo salvadoreño que, en un hecho sin precedentes para la lucha por la justicia de la niñez desaparecida durante el conflicto armado, la Corte Suprema de Justicia dictó una Resolución favorable en el proceso de habeas corpus presentado a favor de Sofía García Cruz, desaparecida a la edad de diez años, el 4 de junio de 1981, en la masacre de “Hacienda Peñas” en San Vicente.
En esta Resolución la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció la violación al derecho a la libertad física de Sofía “llevada a cabo por miembros de la Quinta Brigada de Infantería pertenecientes a la Fuerza Armada de El Salvador” y le ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación para dar con el paradero de Sofía García Cruz y para determinar a los responsables directos del delito de la desaparición.
La Sala también resolvió, de forma inédita, que la Fiscalía debe iniciar el correspondiente proceso penal a más tardar quince días después de notificada la Resolución e informarle cada tres meses sobre el avance de las investigaciones hasta que aparezca materialmente Sofía García Cruz.
El habeas corpus es un mecanismo constitucional que tiene por fin la tutela del derecho a la libertad personal y que durante décadas fue denegado para proteger a personas desaparecidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en la Sentencia Serrano Cruz que el habeas corpus es el proceso idóneo para dar con el paradero de personas desaparecidas. Por su parte la Corte Suprema de Justicia desde año 2001, había reconocido que a través del habeas corpus se podía tutelar el derecho a la libertad de las personas desaparecidas, pero había derivado su búsqueda material a la Fiscalía General, sin ningún resultado. Esta nueva Resolución prevé un mecanismo que asegura mayor eficacia y supervisión de las investigaciones fiscales.
Este caso fue presentado por Pro-Búsqueda en octubre de 2007, junto a otras 10 demandas por la desaparición de 14 niñas y niños a manos de la Fuerza Armada, en el marco de cruentas masacres durante el conflicto armado interno. A la fecha aun se encuentran pendientes de resolver 5 de estos procesos, luego de más de un año y nueve meses de haberse iniciado.
Pro-Búsqueda denunció en el mes de junio, previo a la finalización del período de la saliente Sala de lo Constitucional, la retardación de justicia en los casos pendientes, y la denegatoria del habeas corpus en los restantes casos por requisitos formales no determinados en la Ley de Procedimientos Constitucionales.
Por tanto, ante la Resolución favorable de habeas corpus a favor de Sofía García Cruz emitida por la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la ASOCIACIÓN PRO-BÚSQUEDA DE NIÑAS Y NIÑOS DESPARECIDOS, EXPRESA:
1) Su satisfacción por esta Resolución de habeas corpus que declara la violación a la libertad de Sofía García Cruz bajo responsabilidad de la Fuerza Armada de El Salvador y que mandata a la Fiscalía General de la República la investigación de su paradero hasta que sea encontrada.
2) Considera un avance significativo que la Sala de lo Constitucional ordene asimismo a la Fiscalía General la investigación penal de los responsables del delito de la desaparición forzada en este caso y que garantice su efectividad manteniendo un proceso abierto de rendición de informes.
3) Demanda de la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolver los habeas corpus presentados en octubre de 2007, a favor de niñas y niños desaparecidos, en concordancia con el precedente constitucional de Sofía García Cruz, y en apego a la Constitución y al derechos internacional de los derechos humanos.
4) Hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que elija al Fiscal General de la República que reúna las características de idoneidad, independencia e imparcialidad. El funcionario electo deberá investigar eficazmente los casos de niñas y niños desaparecidos, en cumplimiento de su mandato constitucional y de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
